Las reivindicaciones exigidas por la clase obrera, principalmente del sector azucarero de la Romana y San Pedro de Macorís en el año 1946, impulsaron una serie de acciones tendentes a crear medidas que mejoraran las condiciones laborales y salariales de los trabajadores dominicanos, logrando reducir la jornada laboral a 8 horas y dando como resultado la conformación del Congreso Obrero Nacional, organizado por la (CDT).
Por otra parte, las críticas de los exiliados por el régimen trujillista, sumadas a la presión que ejercían los organismos internacionales como la Central de Trabajadores de América Latina (CETAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), motivaron al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina crear, para el supuesto beneficio de los trabajadores, las leyes no. 1376 del 17 de marzo de 1947 y la no. 2920 del 11 de junio de 1951, que dan lugar a la creación de la Caja Dominicana de Seguros Sociales y al Código Trujillo del Trabajo, respectivamente, con el propósito de presentar a la República Dominicana como un país totalmente democrático.
Siguiendo los principios bismarckianos del sistema alemán, la Caja Dominicana de Seguros Sociales comenzó a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte del trabajador dominicano, amparada en el Sistema de Seguros Sociales que fue puesto en vigencia mediante la Ley no. 1896 del 30 de diciembre de 1948.
El 9 de mayo del 2001 se promulgó la Ley 87-01 que crea el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social. Dentro del ámbito de la referida ley, nació la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que inició sus operaciones el primero de marzo del 2004, ofreciendo cobertura total de servicios de salud y pensiones a todos los trabajadores dominicanos que cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social.
Ante los cambios generados por la entrada en vigencia de un sistema de aseguramiento diferente al anterior, se marcó el inicio de un proceso de adaptación de todos los sectores involucrados y demandó la suma de voluntades, para hacer posible que un nuevo seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales funcionara acorde a lo establecido por la ley.
Los primeros años de gestión de la ARL, se centraron en establecer oficinas en casi todas las provincias del país, para que los afiliados pudieran recibir los
servicios desde cualquier punto de la geografía nacional, la conformación de una amplia red de Prestadores de Servicios de Salud, así como la automatización, eficientización, calidad de los servicios y la transparencia de la gestión.
La gestión sin precedentes llevada a cabo por un equipo de hombres y mujeres que durante 15 años apostaron a la transformación del servicio público, a la tecnología, a la transparencia y a la calidad, cambiaron el rumbo de lo que sería una entidad pasiva, para convertirse en una estructura fortalecida y renovada que, garantizara la tranquilidad y la seguridad de quienes con su laboriosa dedicación impulsan la economía nacional.
Es así como distintos sectores del país abogaron por una transformación significativa en algunos aspectos del sistema, logrando el apoyo de ambas cámaras legislativas y la promulgación de la Ley 397-19, el 30 de septiembre del 2019, por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, cambiando la estructura organizacional y operativa de la hasta entonces Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y creando el IDOPPRIL, convirtiéndolo en una institución con personería jurídica y patrimonio propio y permitiendo afianzar el servicio ofrecido por la institución en beneficio de los trabajadores del país, tanto públicos como privados e incluyendo otros servicios, como la cobertura de gastos fúnebres para trabajadores fallecidos como consecuencia de un accidente laboral y fortaleciendo otros existentes, como el aumento al 100% en las pensiones por sobrevivencia y el incremento en los rangos de las indemnizaciones